En una democracia, la transparencia en la gestión pública no es un lujo ni una opción: es una obligación legal. El acceso a la información pública permite a los ciudadanos controlar la gestión de sus administraciones y evitar decisiones arbitrarias que puedan favorecer intereses particulares en perjuicio del bien común.
El caso del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, denunciado por la Asociación de Vendedores Ambulantes de Tenerife (AVAMTE), pone sobre la mesa un problema grave: ¿qué ocurre cuando una administración se niega a proporcionar información pública? Y, aún más preocupante, ¿qué implica la falta de transparencia en la gestión de un bien común como el espacio público?
El derecho de acceso a la información pública: un mandato legal, no una cortesía
La Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y la Ley 12/2014 de Transparencia de Canarias establecen que cualquier administración está obligada a responder en un plazo máximo de 30 días hábiles a las solicitudes de información pública. En casos excepcionales, este plazo podría ampliarse solo por razones justificadas.
En este caso, han pasado más de 60 días sin respuesta, lo que supone un incumplimiento directo de la ley. Según el artículo 46.2 de la Ley 12/2014, cuando la administración no responde en el plazo legal, la solicitud se considera desestimada por silencio administrativo negativo.
Esto no es un simple retraso burocrático: es una denegación encubierta del derecho ciudadano a la información pública, un derecho legal en cualquier sociedad democrática.
Los espacios públicos no son un privilegio: son de todos
Más allá de la falta de respuesta, este caso abre un debate aún más profundo: ¿cómo se están gestionando los espacios públicos en Icod de los Vinos?
Según la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la gestión del dominio público debe regirse por criterios de publicidad, transparencia, concurrencia e igualdad de acceso. Sin embargo, en la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres, se denuncia la presencia de una asociación que ha presuntamente ha ocupado el espacio sin concurso público ni posibilidad de que otros interesados participen.
Aquí surgen preguntas inevitables:
¿Se ha seguido el procedimiento legal para la concesión del espacio? ¿Se ha permitido a otros colectivos presentar su candidatura en igualdad de condiciones? ¿Qué criterios ha utilizado el Ayuntamiento para ceder el espacio a esta asociación?El espacio público no puede convertirse en un feudo privado administrado de forma discrecional. Las administraciones tienen la obligación de garantizar que cualquier cesión de suelo público se realice bajo procesos abiertos y transparentes.
Consecuencias jurídicas del silencio administrativo
El silencio del Ayuntamiento no solo genera dudas sobre su gestión, sino que tiene implicaciones legales.
Reclamación ante el Comisionado de TransparenciaCualquier ciudadano o colectivo afectado puede presentar una reclamación ante el Comisionado de Transparencia de Canarias, quien tiene la capacidad de exigir al Ayuntamiento que responda formalmente y entregue la información solicitada.
Posibles sanciones por incumplimientoEl Título V de la Ley 12/2014 establece un régimen sancionador para los organismos públicos que incumplan sus obligaciones de transparencia. Esto puede incluir multas económicas, amonestaciones e incluso la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios o responsables políticos que obstaculicen el derecho de acceso a la información.
Investigación de la FiscalíaCuando una administración omite sus obligaciones legales de transparencia y adjudicación de espacio público, la Fiscalía puede investigar si se han vulnerado principios de concurrencia, igualdad y publicidad en la gestión del dominio público. En algunos casos, una concesión irregular puede derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales.
La transparencia no es un eslogan: es un derecho ciudadano
El Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Icod de los Vinos proclama que facilita el acceso a la información pública. Sin embargo, en la práctica, cuando se solicita información real y relevante, el Ayuntamiento simplemente guarda silencio.
Si no hay irregularidades en la gestión del mercado ambulante y la cesión de espacios públicos, el Ayuntamiento debería tener interés en demostrarlo y responder con transparencia. Si no lo hace, la pregunta es inevitable: ¿qué se está intentando ocultar?
La transparencia no es solo una cuestión de legalidad, es una garantía de confianza en las instituciones. Los espacios públicos no pertenecen a los ayuntamientos ni a quienes los gobiernan temporalmente, sino a toda la ciudadanía.
Cuando un Ayuntamiento bloquea información pública o adjudica espacios sin transparencia, erosiona la confianza democrática y deja la puerta abierta a la arbitrariedad. No se trata solo de este caso puntual, sino de la necesidad de que las administraciones comprendan que su función es servir a la ciudadanía, no actuar como si los bienes públicos fueran patrimonio privado de unos pocos.
Los ciudadanos tienen derecho a preguntar, fiscalizar y exigir explicaciones, y las administraciones tienen la obligación legal de responder. Cuando esto no ocurre, la democracia se debilita. Y eso es algo que no podemos permitir.
Imagen: Ayuntamiento de Icod de los Vinos. Fuente: icoddelosvinos.es
