Abogados de Derecho Administrativo en Tenerife: Recursos, Multas y Sanciones

Tras la notificación hay 20 días naturales para presentar alegaciones o para pagar con una reducción del 50 %. Pagar con descuento pone fin al procedimiento y supone renunciar a recurrir.

Si se presentan alegaciones y se dicta sanción, puede interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes y, después, recurso contencioso-administrativo en dos meses. Revisamos defectos de notificación, prueba del radar o del agente, y prescripción.

Frente a actos que no ponen fin a la vía administrativa cabe recurso de alzada en un mes. Si ponen fin a la vía, puede presentarse recurso potestativo de reposición en un mes o acudir directamente al recurso contencioso-administrativo en dos meses.

Cuando la Administración no responde, la jurisprudencia permite recurrir sin estar sujeto al plazo general. Aun así, conviene no demorarse.

Sí, mediante una reclamación de responsabilidad patrimonial, por ejemplo por una caída en la vía pública, un accidente por mal estado de la carretera o una negligencia en la sanidad pública del Servicio Canario de la Salud.

El plazo es de un año desde el hecho o desde que se estabilizan las secuelas. Hay que acreditar un daño real y evaluable y su relación con el funcionamiento del servicio público.

Lea con atención el plazo de alegaciones y no deje pasar el trámite. Frente a liquidaciones y sanciones cabe recurso de reposición o reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes, y puede pedirse la suspensión del cobro aportando garantía.

En Canarias hay que distinguir la Agencia Estatal de Administración Tributaria (IRPF, Sociedades) de la Agencia Tributaria Canaria (IGIC y tributos cedidos). Escuche también nuestro podcast sobre Hacienda y subsidios.

Es la falta de respuesta de la Administración dentro del plazo máximo para resolver, que con carácter general es de tres meses si la norma no fija otro. Según el procedimiento, el silencio puede ser positivo (se entiende concedido lo pedido) o negativo (se entiende denegado).

El silencio negativo abre la puerta a recurrir. Identificar cuál se aplica en cada caso es clave para no perder derechos.

En Canarias rige la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos. Ante un expediente sancionador o de restablecimiento de la legalidad hay que revisar si la obra es legalizable, si han prescrito o caducado las acciones de la Administración y si se respetaron las garantías del procedimiento.

Presentar alegaciones bien fundamentadas y, en su caso, solicitar la legalización puede evitar la demolición o reducir la sanción.

Sí. La ley de transparencia reconoce a cualquier persona el derecho a solicitar información pública sin necesidad de justificar el motivo. La Administración debe resolver en un mes, y frente a la denegación cabe reclamación ante el Comisionado de Transparencia de Canarias o ante los tribunales.

Tratamos este tema en Falta de transparencia: implicaciones legales y cómo actuar.

Las personas físicas no pagan tasas judiciales. En primera instancia se aplica en general el criterio del vencimiento, por lo que quien pierde puede ser condenado en costas, aunque los tribunales pueden limitarlas.

Antes de litigar valoramos las posibilidades reales de éxito y le informamos del coste según nuestro cuadro de honorarios.