Abogados Especialistas en Derecho Digital, RGPD y Ciberseguridad en Tenerife

Toda empresa que trate datos personales debe contar con una base jurídica para cada tratamiento, informar a los interesados, llevar un registro de actividades de tratamiento, firmar contratos con sus encargados (gestoría, informática, web) y aplicar medidas de seguridad adecuadas.

En tratamientos de alto riesgo es obligatoria una evaluación de impacto, y en determinados casos debe designarse un Delegado de Protección de Datos. También hay que atender en plazo los derechos de acceso, supresión u oposición.

El RGPD prevé sanciones de hasta 20 millones de euros o el 4 % del volumen de negocio anual global. La Agencia Española de Protección de Datos gradúa la multa según la gravedad, la intencionalidad, los datos afectados y las medidas adoptadas.

Muchas sanciones a pymes derivan de fallos evitables: cámaras sin cartel, formularios sin información o envíos comerciales sin consentimiento. Puede ampliar información en interés legítimo y comercial en el RGPD.

Si la brecha afecta a datos personales, debe notificarse a la AEPD en un plazo máximo de 72 horas desde que se tiene conocimiento, salvo que sea improbable que suponga un riesgo. Si el riesgo es alto, también hay que informar a las personas afectadas.

Conserve las evidencias técnicas, no borre registros y valore presentar denuncia. La línea gratuita 017 de INCIBE ofrece ayuda técnica, y nosotros nos ocupamos de la parte legal: notificaciones, responsabilidades y reclamaciones.

Sí, con condiciones: colocar un cartel informativo visible, no grabar espacios privados como aseos o vestuarios, no captar la vía pública más allá de lo imprescindible y conservar las imágenes un máximo de un mes, salvo que acrediten un incidente.

Si se usan para control laboral, hay que informar previamente a la plantilla. Más detalles en videovigilancia y protección de datos en Tenerife.

El Reglamento (UE) 2024/1689 se aplica de forma escalonada. Las prácticas prohibidas y la obligación de alfabetización en IA rigen desde febrero de 2025, y las obligaciones de los modelos de uso general desde agosto de 2025. La mayor parte del régimen restante, incluidas las obligaciones de transparencia, está prevista a partir de agosto de 2026, aunque la UE ha planteado aplazar algunas obligaciones de los sistemas de alto riesgo.

Quien usa IA con clientes o empleados debe identificar sus sistemas, su nivel de riesgo y sus deberes de información. Lo analizamos en La marca de la sospecha: watermarking sin control y en la dicotomía regulatoria entre RGPD y RIA.

Avise inmediatamente a su banco para intentar bloquear o retroceder la operación y presente denuncia con capturas, justificantes y enlaces. Si la operación no fue autorizada por usted, la normativa de servicios de pago obliga en principio al banco a devolver el importe, salvo fraude o negligencia grave del cliente.

Si el banco se niega, puede reclamarse judicialmente. Sobre la responsabilidad del estafador, lea Estafas digitales: puedes ir a prisión aunque devuelvas el dinero.

Es el derecho a pedir que se eliminen datos personales, o que los buscadores dejen de mostrarlos, cuando son inexactos, obsoletos o ya no son necesarios. Se ejerce primero ante el responsable, como el buscador, el medio o la red social.

Si no atienden la solicitud en un mes, cabe reclamar ante la AEPD y, después, ante los tribunales. Hablamos de ello en el podcast sobre el derecho al olvido.

Toda web profesional necesita aviso legal (LSSI), política de privacidad y política de cookies con un banner de consentimiento válido. Las tiendas online deben incluir además condiciones generales de contratación, información sobre el derecho de desistimiento de 14 días y garantías.

Desde junio de 2025, muchos comercios electrónicos que no sean microempresas deben cumplir también requisitos de accesibilidad. Revisamos y redactamos toda la documentación adaptada a su negocio.