Abogados Penalistas en Tenerife: Defensa desde la Detención hasta el Juicio

La persona detenida tiene derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí misma, a ser asistida por un abogado de su elección, a un intérprete, a comunicar la detención a un familiar y a ser examinada por un médico. También puede entrevistarse en privado con su abogado antes de declarar.

La detención policial no puede durar más de lo necesario y, como máximo, 72 horas antes de pasar a disposición judicial. Si un familiar ha sido detenido en Tenerife, llámenos al +34 822 26 30 01.

No la ignore y no acuda sin abogado. Ser investigado no significa estar condenado, pero lo que declare puede usarse en el procedimiento. Tiene derecho a conocer la acusación y a examinar las actuaciones antes de declarar.

Con su abogado decidirá si le conviene declarar, aportar pruebas o acogerse a su derecho a no declarar en esa fase.

El juicio rápido se aplica a delitos castigados con hasta 5 años de prisión, habitualmente flagrantes, como muchos delitos de tráfico, hurtos o lesiones. Se instruye en el juzgado de guardia en pocos días.

Si el acusado se conforma en el juzgado de guardia y la pena solicitada no supera los 3 años de prisión, la pena se reduce en un tercio. Antes de aceptar una conformidad hay que valorar con el abogado las pruebas existentes y las consecuencias, como los antecedentes penales.

Es delito conducir con una tasa superior a 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre, o bajo la influencia de alcohol o drogas aunque la tasa sea inferior. Se castiga con prisión de 3 a 6 meses, o multa, o trabajos en beneficio de la comunidad, y además con la retirada del carné de 1 a 4 años.

Negarse a las pruebas de alcoholemia es un delito autónomo. Revisamos la calibración del etilómetro, el cumplimiento del protocolo y la posibilidad de una conformidad ventajosa.

La estafa básica, cuando lo defraudado supera los 400 €, se castiga con prisión de 6 meses a 3 años. Las estafas agravadas, por ejemplo cuando superan los 50.000 € o afectan a bienes de primera necesidad o a la vivienda, pueden alcanzar de 1 a 6 años y multa.

Devolver el dinero atenúa la pena, pero no evita la condena. Lo analizamos en ¿Cuál es la pena por estafa en España?.

Los antecedentes se cancelan pasado un plazo sin volver a delinquir y una vez satisfecha la responsabilidad civil: 6 meses para penas leves, 2 años para penas inferiores a 12 meses y delitos imprudentes, 3 años para las demás penas menos graves inferiores a 3 años, 5 años para las menos graves iguales o superiores a 3 años y 10 años para las penas graves.

La cancelación puede solicitarse al Ministerio de Justicia, y también debe practicarse de oficio. Tener los antecedentes cancelados es importante para empleos, permisos de residencia y nacionalidad.

Desde 2010 las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables de determinados delitos cometidos en su beneficio por directivos o empleados, como estafas, blanqueo, delitos contra la Hacienda Pública o delitos medioambientales.

Un modelo de prevención de delitos eficaz puede eximir o atenuar esa responsabilidad. Además, las empresas con 50 o más trabajadores deben tener un canal interno de denuncias.

Estos procedimientos se tramitan en órganos especializados y pueden conllevar medidas urgentes como órdenes de protección, alejamiento o prohibición de comunicación desde el primer momento.

Asistimos tanto a víctimas, ejerciendo la acusación particular y solicitando medidas de protección, como a personas investigadas, garantizando su derecho de defensa. En ambos casos es esencial contar con abogado desde la primera declaración.