Abogados Especialistas en Derecho de Familia en Icod de los Vinos, Isla Baja y Tenerife

Para divorciarse deben haber pasado al menos tres meses desde la boda, salvo situaciones de riesgo. Si hay acuerdo, se firma un convenio regulador que fija custodia, visitas, pensiones, uso de la vivienda y reparto de bienes.

Sin hijos menores ni hijos con medidas de apoyo, el divorcio puede firmarse ante notario o ante el Letrado de la Administración de Justicia en pocas semanas. Con hijos menores es necesaria la vía judicial, con intervención del Ministerio Fiscal, y suele resolverse en unos meses según la carga del juzgado.

Es el divorcio en el que los cónyuges no alcanzan un acuerdo y es el juez quien decide las medidas. Desde 2025, antes de acudir a los tribunales en asuntos civiles y de familia debe intentarse con carácter general un medio adecuado de solución de controversias (negociación, mediación u otros), salvo excepciones como los casos de violencia.

Mientras dura el procedimiento pueden solicitarse medidas provisionales sobre los hijos, la vivienda y las pensiones.

El criterio decisivo es siempre el interés superior del menor. El Tribunal Supremo considera que la custodia compartida es deseable siempre que sea posible, pero no es automática: se valoran la implicación previa de cada progenitor, la cercanía de los domicilios, los horarios, la opinión del menor y la relación entre los padres.

La custodia compartida no procede cuando existen indicios fundados de violencia doméstica o de género.

La pensión de alimentos se fija en proporción a las necesidades de los hijos y a la capacidad económica de cada progenitor. Como referencia se usan las tablas orientativas del Consejo General del Poder Judicial, junto con las circunstancias concretas de cada familia.

No se extingue automáticamente a los 18 años: se mantiene mientras el hijo no sea económicamente independiente por causas que no le sean imputables. Dejar de pagarla durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos puede constituir un delito de impago de pensiones.

Sí, mediante un procedimiento de modificación de medidas. Es necesario acreditar un cambio sustancial, sobrevenido y duradero respecto a la situación que se tuvo en cuenta, como una pérdida de empleo, un cambio de domicilio o nuevas necesidades del menor.

Si ambos progenitores están de acuerdo, la modificación puede tramitarse de forma más rápida y económica.

Si hay hijos menores, el uso de la vivienda familiar suele atribuirse a los hijos y al progenitor con quien convivan, hasta que alcancen la mayoría de edad. Sin hijos, puede atribuirse temporalmente al cónyuge más necesitado de protección.

La atribución del uso no cambia la propiedad. La hipoteca sigue correspondiendo a sus titulares según lo firmado con el banco, aunque puede tenerse en cuenta en el reparto de gastos.

En Canarias rige con carácter general el régimen de gananciales del Código Civil, salvo capitulaciones. La liquidación consiste en elaborar un inventario de bienes y deudas comunes, distinguirlos de los privativos, valorarlos y repartirlos.

Puede hacerse de mutuo acuerdo ante notario o, si no hay acuerdo, mediante un procedimiento judicial específico. Una buena planificación evita perjuicios fiscales en la adjudicación de inmuebles.

La pensión compensatoria procede cuando el divorcio produce un desequilibrio económico en uno de los cónyuges respecto a su situación durante el matrimonio, por ejemplo por haberse dedicado al cuidado de la familia.

No es automática ni vitalicia por defecto: puede fijarse de forma temporal o indefinida, en función de la edad, la duración del matrimonio, la cualificación profesional y las posibilidades de acceso al empleo.