Definiciones claras de los términos jurídicos que más consultan las personas y empresas que acuden a nuestro despacho en Icod de los Vinos (Tenerife): estafa, embargo y bloqueo de cuentas, Ley de Segunda Oportunidad, despidos, herencias, protección de datos y más. Cada entrada indica la norma en la que se apoya y enlaza con nuestras guías y especialidades para ampliar la información.
Información de carácter general, revisada en septiembre de 2026. No sustituye al asesoramiento jurídico sobre un caso concreto.
Derecho penal
Asistencia letrada al detenido
La asistencia letrada al detenido es el derecho de toda persona privada de libertad a ser asistida por un abogado, de su elección o de oficio, en las diligencias policiales y judiciales. Comprende entrevistarse reservadamente con él, salvo incomunicación. El detenido tiene además derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a conocer los hechos que se le atribuyen. La detención debe durar solo lo imprescindible y, como regla general, un máximo de 72 horas antes de la libertad o la puesta a disposición judicial.
Base legal: Art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Más información: Derecho Penal.
Atenuante de reparación del daño
La atenuante de reparación del daño es la circunstancia que permite rebajar la pena cuando el responsable repara el daño causado a la víctima o disminuye sus efectos, por ejemplo devolviendo lo obtenido, en cualquier momento del procedimiento anterior al juicio oral. No elimina el delito ni evita la condena, pero los tribunales la valoran como conducta reparadora; si la reparación es completa y especialmente relevante puede apreciarse como muy cualificada, con una reducción mayor de la pena.
Base legal: Art. 21.5 del Código Penal. Más información: Estafas digitales: puedes ir a prisión aunque devuelvas el dinero.
Ecocidio
Ecocidio es el término con el que se designan los daños graves, extensos o duraderos causados ilícitamente al medio ambiente. En España no existe un delito autónomo con ese nombre: estas conductas se castigan como delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente del Código Penal, como los vertidos o emisiones contaminantes. La Directiva (UE) 2024/1203, cuyo plazo de transposición venció en mayo de 2026, obliga a los Estados a castigar con más dureza los delitos ambientales cualificados, de efectos comparables a un ecocidio.
Más información: Ecocidio, delitos medioambientales.
Estafa
La estafa es el delito que comete quien, con ánimo de lucro, utiliza un engaño suficiente para que otra persona realice un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o ajeno. Se castiga con prisión de seis meses a tres años. Si lo defraudado no supera 400 euros es estafa leve, castigada con multa de uno a tres meses, salvo que concurra una agravante del artículo 250 o el autor tenga tres condenas previas por delitos de la misma naturaleza: entonces se aplica la pena de prisión.
Base legal: Art. 248 del Código Penal (redacción dada por la LO 1/2026). Más información: ¿Cuál es la pena por estafa en España? Abogados penalistas en Tenerife · La multirreincidencia penal ya no es un asunto menor · Derecho Penal.
Estafa agravada
La estafa agravada es la modalidad de estafa castigada con prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses por concurrir circunstancias de especial gravedad. Entre ellas: que recaiga sobre la vivienda u otros bienes de reconocida utilidad social, que lo defraudado supere 50.000 euros o afecte a un elevado número de personas, que se abuse de la relación personal con la víctima o que se engañe al juez manipulando pruebas (estafa procesal). Si supera 250.000 euros, la pena puede llegar a ocho años.
Base legal: Art. 250 del Código Penal. Más información: ¿Cuál es la pena por estafa en España? Abogados penalistas en Tenerife.
Estafa informática
La estafa informática es la defraudación que se comete manipulando un sistema informático o utilizando datos, tarjetas o credenciales ajenas para conseguir una transferencia de dinero no consentida, sin necesidad de engañar directamente a una persona. Incluye supuestos como el uso fraudulento de tarjetas o el acceso a la banca en línea de la víctima con claves obtenidas mediante phishing. Se castiga con las mismas penas que la estafa común, y devolver después el dinero no hace desaparecer el delito.
Base legal: Art. 249 del Código Penal. Más información: Estafas digitales: puedes ir a prisión aunque devuelvas el dinero.
Embargos, bloqueos y ejecuciones
Bloqueo de cuenta bancaria
El bloqueo de cuenta bancaria es la inmovilización total o parcial de una cuenta que impide al titular disponer de su dinero. Puede deberse a una orden judicial o administrativa de embargo o a una decisión del propio banco, por ejemplo por falta de actualización de datos o por controles de prevención del blanqueo de capitales. El bloqueo debe tener cobertura legal o contractual y ser proporcionado; uno injustificado o excesivamente prolongado puede dar lugar a reclamar los daños y perjuicios causados.
Más información: Indemnización por bloqueo de cuenta bancaria: cómo reclamar en Tenerife · Bloqueo de cuenta bancaria por deuda: qué hacer y cómo protegerte en Tenerife.
Ejecución hipotecaria
La ejecución hipotecaria es el procedimiento judicial por el que el banco acreedor, ante el impago de un préstamo garantizado con hipoteca, pide la subasta del inmueble hipotecado para cobrar la deuda. Si lo obtenido en la subasta no cubre todo lo debido, el deudor sigue respondiendo de la diferencia con el resto de su patrimonio, con reglas especiales si se trata de su vivienda habitual. El ejecutado solo puede oponerse por causas tasadas, entre ellas la existencia de cláusulas abusivas en el préstamo.
Base legal: Art. 681 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Más información: Ejecución hipotecaria y Ley de Segunda Oportunidad: cómo paralizar el proceso.
Embargo de cuenta bancaria
El embargo de cuenta bancaria es la retención del saldo de una cuenta, ordenada por un juzgado o por una Administración pública como Hacienda, la Seguridad Social o un ayuntamiento, para cobrar una deuda. El banco está obligado a cumplir la orden y retener las cantidades, pero deben respetarse los límites de inembargabilidad: el dinero procedente de sueldos o pensiones está protegido hasta el importe del salario mínimo interprofesional. Según quién lo haya acordado, caben recursos u oposición.
Más información: Bloqueo de cuenta bancaria por orden judicial: derechos y soluciones en Tenerife.
Medida cautelar
Una medida cautelar es una decisión provisional que el juez adopta antes o durante un proceso para asegurar que la futura sentencia pueda cumplirse, como el embargo preventivo de bienes o la retención de saldos bancarios. Por lo general exige apariencia de buen derecho, riesgo de que el retraso frustre el resultado del pleito y, en el proceso civil, que quien la pide preste una caución. Es temporal y puede modificarse o alzarse si cambian las circunstancias.
Base legal: Arts. 721 y 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Más información: Bloqueo de cuenta bancaria por orden judicial: derechos y soluciones en Tenerife.
Salario inembargable
El salario inembargable es la parte del sueldo, pensión o ingreso equivalente que no puede embargarse por deudas: una cantidad igual al salario mínimo interprofesional. Lo que excede de esa cifra solo puede embargarse en porcentajes crecientes por tramos, desde el 30 % hasta el 90 %. Estos límites protegen también el dinero de nóminas o pensiones ingresado en una cuenta bancaria, aunque no se aplican igual cuando se reclaman pensiones de alimentos a favor del cónyuge o de los hijos.
Base legal: Arts. 607 y 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Más información: Bloqueo de cuenta bancaria por deuda: qué hacer y cómo protegerte en Tenerife.
Segunda Oportunidad y concurso de acreedores
Administrador concursal
El administrador concursal es el profesional, normalmente abogado o economista, que designa el juez en un concurso de acreedores para supervisar o sustituir al deudor en la gestión de su patrimonio. Elabora el inventario de bienes y la lista de acreedores, informa al juzgado y, en su caso, dirige la liquidación. Según el caso, sus funciones son de intervención, autorizando las operaciones del deudor, o de sustitución, actuando en su lugar. En algunos supuestos, como el concurso sin masa, no llega a nombrarse.
Más información: Cuenta intervenida por el administrador concursal: ¿qué implica y cómo actuar?.
Concurso de acreedores
El concurso de acreedores es el procedimiento judicial previsto para personas y empresas en situación de insolvencia, es decir, que no pueden cumplir regularmente sus obligaciones de pago o prevén que pronto no podrán hacerlo. Puede pedirlo el propio deudor (concurso voluntario) o un acreedor (concurso necesario), y lo declara el juez competente. Su finalidad es ordenar el pago a los acreedores, mediante convenio o liquidación del patrimonio, y, si el deudor es persona física, abre la vía a la exoneración de sus deudas.
Base legal: Art. 2 del Texto Refundido de la Ley Concursal. Más información: Cuenta intervenida por el administrador concursal: ¿qué implica y cómo actuar?.
Crédito con privilegio especial
El crédito con privilegio especial es, en un concurso de acreedores, el crédito garantizado con un bien concreto del deudor, como el préstamo hipotecario respecto de la vivienda hipotecada. Tiene preferencia para cobrarse con el valor de ese bien. En la exoneración del pasivo insatisfecho, la deuda solo puede perdonarse en la parte que no quede cubierta por el valor de la garantía, de modo que, si el deudor conserva la vivienda, debe seguir pagando la hipoteca al menos hasta ese valor.
Base legal: Art. 270 del Texto Refundido de la Ley Concursal. Más información: Ley de Segunda Oportunidad e hipoteca de vivienda habitual: protección legal en Tenerife.
Cuenta intervenida
Una cuenta intervenida es la cuenta bancaria de un deudor en concurso de acreedores sobre la que el administrador concursal ejerce control, de modo que los pagos y movimientos necesitan su autorización o los realiza él directamente. Es consecuencia de la intervención o suspensión de las facultades patrimoniales del concursado que acuerda el juez. No supone perder la titularidad de la cuenta, y bajo esa supervisión pueden atenderse los gastos ordinarios y las necesidades básicas del deudor.
Más información: Cuenta intervenida por el administrador concursal: ¿qué implica y cómo actuar? · ¿Me bloquean la cuenta si solicito la Ley de Segunda Oportunidad? Respuesta de abogados en Tenerife.
Deudas no exonerables
Las deudas no exonerables son las que no se cancelan aunque el deudor obtenga la exoneración del pasivo insatisfecho. Entre ellas están las pensiones de alimentos, la responsabilidad civil derivada de delito, las multas penales, las sanciones administrativas muy graves y, en general, las deudas públicas. Como excepción, en la primera exoneración, las deudas con la Agencia Tributaria y las de la Seguridad Social pueden exonerarse hasta 10.000 euros cada una: íntegramente los primeros 5.000 euros y la mitad del exceso hasta ese límite.
Base legal: Art. 489 del Texto Refundido de la Ley Concursal. Más información: Derecho Civil (contratos, herencias, deudas, lindes, Segunda Oportunidad).
Exoneración del pasivo insatisfecho
La exoneración del pasivo insatisfecho es el perdón legal de las deudas que una persona física, sea consumidor o autónomo, no ha podido pagar, obtenido dentro de un concurso de acreedores. Solo se concede al deudor de buena fe, lo que excluye, entre otros casos, a quien haya sido condenado en firme a prisión por determinados delitos económicos en los diez años anteriores. Puede lograrse tras liquidar el patrimonio o, sin liquidarlo, cumpliendo un plan de pagos, y algunas deudas quedan excluidas total o parcialmente.
Base legal: Arts. 486 y 487 del Texto Refundido de la Ley Concursal. Más información: Ley de Segunda Oportunidad para hipotecas: preguntas frecuentes resueltas · Derecho Civil (contratos, herencias, deudas, lindes, Segunda Oportunidad).
Ley de Segunda Oportunidad
La Ley de Segunda Oportunidad es el nombre popular del mecanismo legal que permite a particulares y autónomos insolventes de buena fe cancelar las deudas que no pueden pagar. Hoy no es una ley independiente: está regulada en el Texto Refundido de la Ley Concursal, reformado por la Ley 16/2022, y su pieza central es la exoneración del pasivo insatisfecho, que se solicita dentro de un concurso de acreedores, bien tras liquidar los bienes, bien cumpliendo un plan de pagos sin liquidación.
Base legal: Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020), reformado por la Ley 16/2022. Más información: Segunda oportunidad e hipoteca: guía completa para proteger tu vivienda en Tenerife · Ley de Segunda Oportunidad y bloqueo de cuenta bancaria: todo lo que debes saber.
Derecho civil: propiedad, herencias y contratos
Acción reivindicatoria
La acción reivindicatoria es la demanda con la que el propietario de un bien reclama su devolución a quien lo posee sin derecho, por ejemplo cuando un vecino ocupa parte de una parcela con un muro o una construcción. Para prosperar, el demandante debe probar que es dueño, identificar con exactitud la porción ocupada y acreditar que el demandado la posee. Según las circunstancias, puede pedirse también la demolición de lo construido y la indemnización de los daños.
Base legal: Art. 348 del Código Civil. Más información: ¿Qué hacer si tu vecino invade tu propiedad? Guía legal en Tenerife.
Aceptación de herencia a beneficio de inventario
La aceptación de la herencia a beneficio de inventario es la forma de aceptar que limita la responsabilidad del heredero por las deudas del fallecido al valor de los bienes heredados, sin comprometer su propio patrimonio. Se formaliza ante notario y exige hacer inventario de los bienes en los plazos legales. Resulta útil cuando no se sabe si la herencia tiene más deudas que bienes; la alternativa es renunciar a ella por completo.
Base legal: Arts. 1010 y 1023 del Código Civil. Más información: Herencias y testamentos en Canarias: lo que necesitas saber.
Dación en pago
La dación en pago es la entrega de un bien al acreedor para extinguir una deuda, como entregar la vivienda al banco para cancelar el préstamo hipotecario. Requiere que el acreedor la acepte, porque no puede obligársele a recibir una cosa distinta de la debida; el banco solo está obligado en los supuestos del Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios vulnerables. Si la entrega solo cancela parte de la deuda, el resto puede abordarse, cumpliendo sus requisitos, mediante la exoneración del pasivo insatisfecho.
Base legal: Art. 1166 del Código Civil y Real Decreto-ley 6/2012. Más información: Dación en pago y Ley de Segunda Oportunidad: cómo cancelar tu deuda hipotecaria.
Declaración de herederos
La declaración de herederos abintestato es el trámite que determina quiénes heredan cuando una persona fallece sin testamento válido. Si los herederos son descendientes, ascendientes, cónyuge o parientes colaterales, se tramita ante notario mediante acta de notoriedad, con documentación y testigos; cuando hereda el Estado, se tramita por vía administrativa. El orden de llamamiento lo fija el Código Civil: primero descendientes, después ascendientes, cónyuge y colaterales hasta el cuarto grado.
Base legal: Art. 55 de la Ley del Notariado y arts. 912 y siguientes del Código Civil. Más información: Herencias y testamentos en Canarias: lo que necesitas saber.
Deslinde
El deslinde es la operación, amistosa, notarial o judicial, que fija con precisión los límites o lindes entre dos o más fincas colindantes. Todo propietario puede exigir el deslinde de su finca, con citación de los dueños colindantes, y se resuelve atendiendo a los títulos de propiedad, a la posesión y a otros medios de prueba, como planos, datos catastrales o informes periciales. Es la vía habitual cuando los límites son confusos; si el vecino ocupa terreno claramente ajeno, procede reclamar su devolución.
Base legal: Arts. 384 y 385 del Código Civil. Más información: ¿Qué hacer si tu vecino invade tu propiedad? Guía legal en Tenerife · Derecho Civil (contratos, herencias, deudas, lindes, Segunda Oportunidad).
Incumplimiento contractual
El incumplimiento contractual se produce cuando una de las partes de un contrato no cumple lo pactado, lo cumple tarde o lo hace de forma defectuosa. En los contratos con obligaciones recíprocas, la parte perjudicada puede exigir el cumplimiento o la resolución del contrato y, en ambos casos, reclamar la indemnización de daños y perjuicios. Ocurre, por ejemplo, con un programa informático que no funciona como se acordó o con un arrendamiento en el que se dejan de pagar las rentas.
Base legal: Arts. 1101 y 1124 del Código Civil. Más información: Derecho Civil (contratos, herencias, deudas, lindes, Segunda Oportunidad) · Smart contracts defectuosos: por qué ni el software producto ni el arbitraje blockchain bastan.
Legítima
La legítima es la parte de la herencia de la que el testador no puede disponer libremente porque la ley la reserva a determinados herederos, llamados herederos forzosos. En Canarias rige el Código Civil: para hijos y descendientes es de dos tercios de la herencia, uno de los cuales puede repartirse libremente entre ellos como mejora. El cónyuge viudo tiene derecho a un usufructo, y los padres solo son legitimarios si no hay descendientes.
Base legal: Arts. 806 y 808 del Código Civil. Más información: Herencias y testamentos en Canarias: lo que necesitas saber.
Testamento abierto
El testamento abierto es la forma de testamento más habitual en España: el testador expresa su última voluntad ante notario, que redacta el documento conforme a ella, lo lee y lo autoriza. Queda protocolizado en la notaría y se comunica al Registro General de Actos de Última Voluntad, lo que permite conocer su existencia tras el fallecimiento. Puede modificarse o revocarse en cualquier momento otorgando un testamento posterior.
Base legal: Art. 679 del Código Civil. Más información: Herencias y testamentos en Canarias: lo que necesitas saber.
Usucapión
La usucapión, o prescripción adquisitiva, es la forma de adquirir la propiedad de un bien por haberlo poseído de manera continuada, pública, pacífica y en concepto de dueño durante el tiempo que fija la ley. Para los inmuebles son diez años entre presentes o veinte entre ausentes si hay buena fe y justo título, y treinta años sin necesidad de ellos. Puede plantearse en conflictos de lindes cuando un vecino ha ocupado una franja de terreno durante décadas.
Base legal: Arts. 1940, 1957 y 1959 del Código Civil. Más información: ¿Qué hacer si tu vecino invade tu propiedad? Guía legal en Tenerife.
Derecho laboral
Acoso laboral (mobbing)
El acoso laboral, o mobbing, es el hostigamiento reiterado contra un trabajador en su entorno de trabajo mediante actos hostiles o humillantes, que puede proceder de superiores o de compañeros. Cuando quien lo ejerce se prevale de una relación de superioridad y los actos suponen un grave acoso, sin llegar a trato degradante, es delito castigado en el Código Penal. En el ámbito laboral, además, permite al trabajador pedir la extinción del contrato con la indemnización del despido improcedente y reclamar los daños morales sufridos.
Base legal: Art. 173.1 del Código Penal y art. 50 del Estatuto de los Trabajadores. Más información: PODCAST: "El Mobbing o Acoso Laboral, ¿Cómo Defenderse?".
Conciliación previa laboral
La conciliación previa laboral es el intento obligatorio de acuerdo entre trabajador y empresa ante el servicio administrativo de mediación, arbitraje y conciliación, u órgano equivalente, antes de demandar ante el juzgado de lo social, por ejemplo por despido. La ley exceptúa algunos procesos. En caso de despido, el plazo para reclamar es de 20 días hábiles desde su fecha de efectos, y la presentación de la papeleta de conciliación suspende ese plazo. Si no hay acuerdo, puede presentarse la demanda judicial.
Base legal: Arts. 63 a 65 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Más información: Derecho Laboral.
Despido improcedente
El despido improcedente es el que un juez declara injustificado, porque la empresa no acredita las causas alegadas o no respeta los requisitos formales. La empresa elige entonces, en cinco días, entre readmitir al trabajador, pagando los salarios de tramitación, o indemnizarle con 33 días de salario por año trabajado, hasta 24 mensualidades, con reglas transitorias para contratos anteriores al 12 de febrero de 2012. Si el despedido es representante de los trabajadores, la opción le corresponde a él.
Base legal: Art. 56 del Estatuto de los Trabajadores. Más información: Derecho Laboral.
Despido nulo
El despido nulo es el que tiene como causa una discriminación o vulnera derechos fundamentales del trabajador, así como el que afecta a personas especialmente protegidas, como trabajadoras embarazadas o quienes disfrutan de permisos por nacimiento o cuidado de hijos, salvo que se acredite su procedencia. Si el juez lo declara nulo, la empresa debe readmitir inmediatamente al trabajador en las mismas condiciones y abonarle los salarios dejados de percibir desde el despido.
Base legal: Art. 55.5 y 55.6 del Estatuto de los Trabajadores. Más información: El despido nulo por permisos de cuidado familiar: evolución y soluciones a un error histórico · Derecho Laboral.
Grabación de conversaciones en el trabajo
Grabar una conversación en la que uno mismo participa, por ejemplo con el jefe, es en general lícito en España, porque según el Tribunal Constitucional no vulnera el secreto de las comunicaciones. Esa grabación puede aportarse como prueba en un juicio laboral si se obtuvo sin vulnerar derechos fundamentales. Distinto es grabar conversaciones ajenas en las que no se participa, que puede constituir delito, o difundir la grabación, que puede lesionar la intimidad de otros.
Más información: ¿Puedo grabar una conversación con mi jefe? Legalidad en España · PODCAST: "Grabar al jefe es legal. ¿Me puede denunciar?".
Periodo de prueba
El periodo de prueba es la fase inicial del contrato de trabajo, pactada por escrito, durante la cual empresa y trabajador pueden poner fin a la relación sin preaviso ni indemnización. Salvo lo que fije el convenio, no puede exceder de seis meses para técnicos titulados ni de dos meses para el resto (tres en empresas de menos de 25 trabajadores). Aun así, la extinción no puede ser discriminatoria: es nula, por ejemplo, la de una trabajadora embarazada por razón de su embarazo.
Base legal: Art. 14 del Estatuto de los Trabajadores. Más información: DESPIDO DURANTE LA BAJA MÉDICA EN EL PERIODO DE PRUEBA.
Derecho de familia
Divorcio de mutuo acuerdo
El divorcio de mutuo acuerdo es la disolución del matrimonio solicitada por ambos cónyuges, o por uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos al menos tres meses desde la boda. Requiere un convenio regulador sobre hijos, vivienda, pensiones y bienes comunes. Si no hay hijos menores no emancipados ni hijos con medidas de apoyo a cargo de los padres, puede formalizarse ante notario o ante el letrado de la Administración de Justicia; en otro caso se tramita en el juzgado, que aprueba el convenio.
Base legal: Arts. 86 y 87 del Código Civil. Más información: Derecho de Familia.
Extranjería y nacionalidad
Arraigo
El arraigo es la vía que permite a una persona extranjera en situación irregular obtener una autorización de residencia en España por haber creado vínculos sociales, laborales, formativos o familiares. Con el Reglamento de Extranjería vigente desde mayo de 2025 existen cinco modalidades: social, sociolaboral, socioformativo, familiar y de segunda oportunidad, y la permanencia previa exigida con carácter general es de dos años. Cada modalidad tiene requisitos propios, como carecer de antecedentes penales.
Base legal: Real Decreto 1155/2024, Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 (Reglamento de Extranjería). Más información: Derecho de Extranjería.
Nacionalidad española por residencia
La nacionalidad española por residencia es la que puede obtener una persona extranjera tras residir en España de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud. El plazo general es de diez años; de cinco para refugiados; de dos para nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal y para sefardíes, y de un año en casos como llevar un año casado con español. Además exige buena conducta cívica y acreditar la integración en la sociedad española.
Base legal: Art. 22 del Código Civil. Más información: Derecho de Extranjería.
Derecho administrativo y sanciones
Diligencia de embargo
La diligencia de embargo es el acto con el que Hacienda u otra Administración, en el procedimiento de apremio, traba bienes o derechos concretos del deudor, como cuentas bancarias, sueldos o inmuebles, para cobrar una deuda no pagada en periodo voluntario. Debe notificarse al deudor, que solo puede impugnarla por motivos tasados, como la extinción o prescripción de la deuda, la falta de notificación de la providencia de apremio o el incumplimiento de las normas que regulan el embargo.
Base legal: Art. 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria. Más información: Bloqueo de cuenta bancaria por deuda: qué hacer y cómo protegerte en Tenerife.
Recurso administrativo
El recurso administrativo es la impugnación que se presenta ante la propia Administración para que revise un acto que perjudica al interesado, como una multa o una denegación. Los principales son el recurso de alzada, ante el órgano superior cuando el acto no pone fin a la vía administrativa, y el recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que lo dictó cuando sí la agota. Con carácter general, ambos se interponen en el plazo de un mes si el acto es expreso.
Base legal: Arts. 112 y 121 a 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común. Más información: Derecho Administrativo.
Recurso contencioso-administrativo
El recurso contencioso-administrativo es la acción ante los tribunales para impugnar actos, disposiciones o la inactividad de una Administración pública, normalmente una vez agotada la vía administrativa. Con carácter general se interpone en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación del acto expreso. Permite pedir la anulación del acto, el reconocimiento de derechos y, en su caso, una indemnización, y por regla general requiere la intervención de abogado.
Base legal: Art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Más información: Derecho Administrativo.
Sanción administrativa
Una sanción administrativa es el castigo, normalmente una multa, que impone una Administración pública a quien comete una infracción prevista en una ley, por ejemplo en materia de tráfico, consumo, turismo o medio ambiente. Solo puede imponerse tras un procedimiento en el que el interesado conozca los hechos y pueda presentar alegaciones y pruebas, y debe respetar los principios de legalidad, culpabilidad y proporcionalidad. Las infracciones y sanciones prescriben en los plazos que fija la ley.
Base legal: Arts. 25 a 31 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Más información: Derecho Administrativo.
Derecho digital y protección de datos
Control empresarial de los trabajadores
El control empresarial es la facultad de la empresa de vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales, incluido el uso de dispositivos digitales y cámaras, respetando la dignidad, la intimidad y la protección de datos de los trabajadores. Debe ser proporcionado e informarse previamente a la plantilla. La grabación de sonidos en el centro de trabajo solo se admite ante riesgos relevantes para la seguridad, y nunca se permite grabar en vestuarios, aseos, comedores o zonas de descanso.
Base legal: Art. 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y arts. 87 a 89 de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD). Más información: Videovigilancia y protección de datos en Tenerife: cumplimiento legal para empresas · Derecho Digital.
Derecho al olvido
El derecho al olvido es la facultad de pedir que se supriman o dejen de mostrarse datos personales que ya no son necesarios, son inexactos o se trataron ilícitamente, en especial en buscadores de internet y redes sociales. Deriva del derecho de supresión del RGPD y está desarrollado en la ley española de protección de datos. No es absoluto: debe ponderarse con la libertad de información y con el interés público que pueda tener la información.
Base legal: Art. 17 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y arts. 93 y 94 de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD). Más información: PODCAST ya disponible: "El Renacer del Derecho al Olvido: La Batalla por tu Privacidad en la Era Digital".
Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA)
El Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA) es la norma de la Unión Europea que regula el desarrollo y el uso de sistemas de inteligencia artificial según su nivel de riesgo. Prohíbe determinadas prácticas, como la puntuación social, impone obligaciones estrictas a los sistemas de alto riesgo, por ejemplo en selección de personal o concesión de crédito, y exige transparencia, como avisar cuando se interactúa con una IA. Se aplica de forma escalonada desde 2025, y una reforma de 2026 aplazó las obligaciones de alto riesgo hasta 2027 y 2028.
Base legal: Reglamento (UE) 2024/1689. Más información: La Dicotomía Regulatoria: RGPD y RIA · Derecho Digital.
RGPD (Reglamento General de Protección de Datos)
El RGPD es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que regula cómo empresas, profesionales y administraciones pueden recoger y utilizar datos personales. Exige una base legal para cada tratamiento, informar a los afectados, aplicar medidas de seguridad y respetar derechos como el acceso, la rectificación o la supresión. En España se completa con la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), y su cumplimiento lo supervisa la Agencia Española de Protección de Datos.
Base legal: Reglamento (UE) 2016/679. Más información: La Dicotomía Regulatoria: RGPD y RIA · Interés Legítimo y Comercial en el RGPD a la Luz de la Sentencia C-621/22 del TJUE.
Videovigilancia
La videovigilancia es la captación de imágenes mediante cámaras con fines de seguridad o control y, cuando permite identificar a personas, constituye un tratamiento de datos personales sujeto al RGPD. Debe señalizarse con un cartel informativo visible, no puede captar la vía pública más allá de lo imprescindible y las imágenes deben borrarse en un mes, salvo que deban conservarse para acreditar actos contra personas, bienes o instalaciones, en cuyo caso se ponen a disposición de las autoridades. En el trabajo, además, hay que informar previamente a los empleados.
Base legal: Art. 22 de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD). Más información: Videovigilancia y protección de datos en Tenerife: cumplimiento legal para empresas.
¿Tienes un caso concreto?
Si alguno de estos conceptos afecta a tu situación, en Grupo Global CGS podemos estudiarla contigo en el despacho de Icod de los Vinos o por videollamada. Cuéntanos tu caso o llámanos al 822 26 30 01.