El interrogatorio realizado por el juez Adolfo Carretero a Elisa Mouliaá, en el marco del conocido «caso Errejón», ha generado un debate profundo sobre el respeto a las garantías procesales en los casos de violencia sexual. Este episodio pone de manifiesto una cuestión esencial en el Estado de Derecho: la obligación de los jueces de garantizar un entorno imparcial, neutral y respetuoso durante todo el proceso judicial.
El interrogatorio: cuestionamientos y percepción de prejuicio
Durante la declaración de la denunciante, se formularon preguntas que, aunque procesalmente podrían tener cabida, generan serias dudas sobre la imparcialidad y el enfoque del interrogatorio.
Aspectos como la demora en presentar la denuncia o las posibles motivaciones personales de la víctima fueron planteados de una forma que podría percibirse como un intento de deslegitimar su testimonio.
El artículo 24 de la Constitución Española establece que toda persona tiene derecho a un proceso con todas las garantías, lo que incluye la obligación de los jueces de no solo ser imparciales, sino también de actuar de forma que esa imparcialidad sea evidente para las partes y la sociedad. En este caso, comentarios como «¿por qué no denunció antes?» pueden interpretarse como una predisposición a prejuzgar la credibilidad de la víctima, desviando el foco de lo esencial: determinar si existió o no consentimiento.
Además, un aspecto particularmente preocupante ha sido el tono presuntamente agresivo del juez durante el interrogatorio. Un tono que puede percibirse como intimidante o amedrentador no solo afecta la confianza de la víctima para responder, sino que también puede condicionar su capacidad para ofrecer un testimonio claro y coherente. Esto plantea la posibilidad de que se vulneren principios básicos del proceso penal, especialmente en casos que ya son delicados por su propia naturaleza.
La imparcialidad judicial: un deber esencial
El principio de imparcialidad judicial es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Este principio no admite matices: cualquier actuación judicial que puediera interpretarse como un juicio previo sobre los hechos o sobre las partes en el proceso debería evitarse con absoluta diligencia.
En este caso, las preguntas y el tono utilizados durante el interrogatorio no solo podrían influir presuntamente en la percepción pública de imparcialidad del juez, sino también afectar a las decisiones futuras en el caso. Cuando un juez formula preguntas que parecen sugerir una predisposición, existe el riesgo de que la sentencia, cualquiera que sea su contenido, se perciba como falta de objetividad. Esto no solo pone en riesgo la confianza en el sistema judicial, sino que también podría abrir la puerta a recursos legales por vulneración de garantías procesales. Los jueces no deben emitir juicios anticipados ni actuar de forma que pueda interpretarse como un intento de influir en el resultado del caso antes de que todas las pruebas sean debidamente valoradas. No es que acusemos de ésto pero si queremos dejar constancia de las particularidades que se dan en ocasiones en nuestros tribunales.
Herramientas legales para garantizar la imparcialidad
El ordenamiento jurídico español ofrece mecanismos claros para proteger la imparcialidad judicial y garantizar la corrección del proceso, en el caso de que las partes lo vean necesario. Entre ellos destacan:
1. Recusación del juez: Las partes pueden solicitar la recusación de un juez cuando existan motivos fundados para dudar de su imparcialidad. Esto sería aplicable si las preguntas formuladas o los comentarios realizados presuntamente generan una percepción de predisposición hacia uno de los implicados.
2. Queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): Este órgano puede recibir denuncias sobre presuntas conductas inapropiadas de los jueces, evaluando si sus actuaciones se ajustan a los principios éticos y deontológicos.
3. Supervisión de interrogatorios en casos sensibles: La Ley Orgánica 10/2022 pone especial énfasis en la formación de jueces y este caso subraya la necesidad de reforzar estos programas y supervisar su aplicación práctica.
Llamada a la reflexión: «Este análisis parte de la base de que todas las actuaciones judiciales son realizadas en el marco de la legalidad, aunque pueden generar percepciones que inviten a reflexionar sobre su desarrollo».
Nota:
El llamado «caso Errejón» involucra una denuncia de presunta agresión sexual presentada por la actriz Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón, exdiputado y exportavoz de Sumar. Los hechos denunciados, que habrían ocurrido en 2021, salieron a la luz tras la publicación de testimonios anónimos que vincularon al político con comportamientos abusivos. Aunque Errejón ha negado las acusaciones alegando que las interacciones fueron consentidas, el caso ha tenido un gran impacto público y político, culminando en su dimisión en octubre de 2024.
Actualmente, el caso está en fase de instrucción judicial y ha generado un intenso debate, especialmente por el interrogatorio realizado por el juez Adolfo Carretero a Mouliaá, el cual ha sido criticado por su tono y contenido, generando dudas sobre el respeto a los derechos de las partes y la imparcialidad del procedimiento.